Aumentan secuestros en Catatumbo; liberación de 11 no calma la crisis que afecta a Santander
El drama del secuestro persiste en Catatumbo mientras autoridades no garantizan seguridad en Santander
Bucaramanga — "¡Ya no sabemos a quién acudir!" expresa con dolor Luz Marina, familiar de uno de los secuestrados liberados tras casi 11 meses de cautiverio en la zona rural del Catatumbo. Ella y otras familias de Tibú y El Tarra, municipios de Norte de Santander, siguen viviendo con miedo mientras la violencia armada mantiene bajo asedio sus comunidades. La liberación de 11 personas —nueve hombres y dos mujeres— por parte del ELN, aunque bienvenida, no apaga el temor ante el incremento alarmante de secuestros y desapariciones registradas en los últimos meses.
Desde inicios de 2025, el ELN mantiene bajo secuestro a decenas de personas en zonas rurales de Tibú y El Tarra. La comisión humanitaria que recibió a los liberados, integrada por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, ONU y Defensoría del Pueblo, señaló que la entrega se produce tras 10 meses y 16 días de cautiverio. Sin embargo, esta es solo la punta del iceberg de un problema de seguridad generalizada en la región.
La Alcaldía de Bucaramanga y las autoridades departamentales insisten en resaltar la liberación como un logro, pero no rinden cuentas claras sobre las medidas tomadas para frenar la violencia. Monseñor Israel Bravo, obispo de Tibú, confirma que entre los liberados hay un firmante del Acuerdo de Paz, revelando la vulnerabilidad particular de estos excombatientes, muchos de los cuales han sido víctimas de desapariciones y asesinatos en la región.
Por su parte, habitantes y familiares de desaparecidos cuestionan la ausencia de respuestas efectivas. "Se necesita más que palabras; las comunidades están desprotegidas y la presencia de grupos armados ilegales controla el territorio rural, afectando la seguridad de toda Santander", denuncia Olguín Mayorga, vocero de las víctimas en Norte de Santander.
"La falta de presencia estatal y la impunidad están dejando a comunidades enteras a merced de los grupos armados. ¿Hasta cuándo deben seguir sufriendo los santandereanos?"
— Juan Carlos Mendoza, líder comunitario en Bucaramanga
Expertos en seguridad regional también advierten que las cifras oficiales ocultan el verdadero alcance del conflicto. La Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) informó que, en lo que va de 2025, seis excombatientes firmantes de paz han sido asesinados y otros seis permanecen desaparecidos en Norte de Santander. Además, 223 firmantes han tenido que desplazarse y 19 permanecen confinados debido a la violencia.
Soluciones desde la academia y la sociedad civil
La Universidad Industrial de Santander (UIS) propone implementar estrategias integrales de seguridad sostenible que incluyan:
- Presencia institucional constante con participación comunitaria en zonas rurales
- Fortalecimiento de veedurías ciudadanas con acceso a información y mecanismos de denuncia efectiva
- Programas de acompañamiento psicológico y social para víctimas y familiares
De igual forma, organizaciones no gubernamentales sugieren abrir corredores humanitarios con supervisión internacional que garanticen acceso pleno a la región para atención efectiva y protección a las comunidades.
La sociedad civil de Bucaramanga y el área metropolitana exige que la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga rindan cuentas claras, publiquen informes detallados y cumplan con planes de seguridad públicos y verificables para proteger a la población vulnerable.
Contexto adicional: La prolongada violencia en el Catatumbo ha mantenido históricamente en riesgo a comunidades rurales del área metropolitana y Santander. La incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad y proteger a firmantes de paz ha exacerbado la crisis humanitaria.
Fuentes consultadas: Familiares de secuestrados, líderes comunitarios de Bucaramanga, veedurías ciudadanas, expertos de la UIS, informes de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, organismos humanitarios.
