Atentados en Cúcuta y Villa del Rosario profundizan miedo y cuestionan seguridad en área metropolitana

Dos policías muertos y dos heridos revelan falta de seguridad y alto impacto social en Cúcuta y municipios vecinos

CÚCUTA/ÁREA METROPOLITANA — Los vecinos de la zona del Anillo Vial Oriental, que conecta Cúcuta con El Zulia, viven entre el miedo y la incertidumbre tras el asesinato de dos policías y el atentado a otro CAI en Villa del Rosario. "Esto no solo nos afecta a los uniformados, sino a toda la comunidad que teme por su seguridad cotidiana", manifiesta una residente del barrio Pueblo Nuevo. Estos hechos ocurrieron en menos de 24 horas y generaron suspensión del servicio eléctrico y daños materiales en sectores habitados.

El atentado con explosivos que le costó la vida al intendente Franklin Guerrero y al subteniente Jairo Holguín ocurre en una zona estratégica del área metropolitana, evidenciando una falla en la protección tanto de la fuerza pública como de los residentes. Este ataque no fue aislado: simultáneamente otro grupo armado atacó el CAI en Villa del Rosario, dejando dos policías heridos. Los ciudadanos temen que la inseguridad se profundice y cuestionan cuál es el plan real para garantizar tranquilidad, más allá de comunicados oficiales.

Las autoridades atribuyen la autoría al ELN y justifican estas acciones como represalias por ataques recientes contra esa guerrilla. Sin embargo, no hay claridad ni datos verificables sobre medidas concretas de prevención y protección en sectores vulnerables del área metropolitana que han sido afectados repetidamente por la violencia.

"No solo perdimos a dos policías, quienes tenían familias, también perdimos la tranquilidad como comunidad. Exigimos presencia efectiva y que no se limite a patrullajes esporádicos"

— Carlos Gómez, líder comunal del barrio Santa Bárbara en Cúcuta

Representantes de sectores sociales y veedurías ciudadanas critican la falta de una estrategia clara y permanente de seguridad en la región, especialmente en zonas fronterizas donde la presencia guerrillera del ELN es cada vez más fuerte. Además, denuncian la insuficiente atención integral a las familias de los policías fallecidos y afectados por estos hechos.

Por otro lado, el seguimiento a las promesas nacionales de reactivar los diálogos de paz con el ELN queda cada vez más en entredicho frente a la persistencia de los ataques violentos, que ponen en riesgo no solo a las fuerzas del orden, sino a toda la población civil en el área metropolitana de Cúcuta y municipios vecinos.

Soluciones desde la academia y experiencia internacional

Expertos en seguridad y paz de la Universidad de Santander (UDES) y organizaciones civiles proponen:

• Implementación urgente de un sistema de alerta temprana con participación comunitaria en barrios fronterizos para prevenir ataques.
• Fortalecimiento de la policía metropolitana con recursos técnicos y humanos, enfocados en protección y proximidad.
• Revisión y acompañamiento independiente a los protocolos de actuación policial ante ataques, garantizando transparencia y rendición de cuentas.

En otros contextos, como en Medellín y Buenaventura, este tipo de estrategias integrales han reducido hechos violentos en zonas vulnerables hasta en un 30%, demostrando que la combinación de tecnificación y trabajo comunitario es clave para reducir los impactos del conflicto armado urbano.

Los ciudadanos afectados y líderes como Carlos Gómez exigen que la administración local y los cuerpos de seguridad rindan cuentas concretas con cronogramas verificables y mecanismos de seguimiento público.

¿Cuándo dejará el pánico a los barrios de Cúcuta y sus municipios vecinos para dar paso a una seguridad real y constante? La comunidad ya no acepta promesas vacías ni comunicados que solo justifican el estado de violencia persistente en el territorio.

Contexto adicional: El ELN mantiene presencia armada en al menos 231 municipios de Colombia, incluyendo zonas estratégicas de Norte de Santander. Los diálogos de paz iniciados en 2022 con el Gobierno están estancados tras múltiples acciones violentas y la falta de voluntad política evidenciada por ambas partes.

Fuentes consultadas: Líderes comunales, vecinos de barrios afectadas en Cúcuta, expertos de la UDES en seguridad, veedurías ciudadanas, Policía Metropolitana de Cúcuta, comunicados oficiales, análisis de organizaciones independientes.