Atentados en Cúcuta ponen en jaque la seguridad del área metropolitana: ciudadanos entre miedo y desprotección

Incremento de violencia en Cúcuta y municipios vecinos deja a comunidad Metropolitana en estado de alerta y desprotección

CÚCUTA/VILLA DEL ROSARIO — María López, residente del barrio La Parada en Cúcuta, relata el miedo que vive desde los atentados con explosivos que dejaron dos policías muertos y otros dos heridos en vía Anillo Vial Oriental y en el CAI de Villa del Rosario. “No podemos salir tranquilos, la inseguridad crece y nadie nos da respuestas claras, solo promesas que no se cumplen”, denuncia.

Los recientes ataques violentos ocurridos en Cúcuta y Villa del Rosario evidencian la vulnerabilidad a la que está expuesta la población del área metropolitana de Cúcuta, que incluye además a municipios como El Zulia. El atentado con explosivos causó la muerte de dos policías y afectó la infraestructura vial y el servicio eléctrico por varias horas, mientras que el ataque armado al CAI dejó dos uniformados heridos.

Las autoridades atribuyen estos crímenes al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ha incrementado su presencia en Norte de Santander, generando una crisis de seguridad que no es nueva, pero que persiste sin soluciones efectivas. La Policía Metropolitana justificó estas acciones como "retaliaciones" por ofensivas recientes contra la guerrilla, dejando desprotegida a la ciudadanía.

Sin embargo, esta versión oficial es insuficiente para la comunidad, que denuncia la falta de protección real. “Es inaceptable que en una zona monitoreada por la fuerza pública sigan ocurriendo ataques tan graves. Nosotros no somos parte de ese conflicto, pero sufrimos sus consecuencias”, afirma José Martínez, habitante de Villa del Rosario.

"El miedo crece cada día y ya no sabemos a quién acudir. Necesitamos estrategias claras y acompañamiento permanente, no solo comunicados tras tragedias"

— José Martínez, habitante de Villa del Rosario

Expertos en seguridad han advertido que la persistencia de grupos armados como el ELN en la frontera con Venezuela reproduce ciclos de violencia que afectan no solo a los uniformados, sino a toda la sociedad civil. El profesor Luis Ramírez, analista en conflicto armado de la Universidad de Santander, señala que la política de diálogos suspendidos y la falta de una estrategia integral de seguridad han dejado a regiones como Norte de Santander en un limbo peligroso.

La ejecución de la política de seguridad es débil: no hay suficiente control territorial efectivo y las comunidades quedan expuestas a choques armados y movilización de grupos ilegales sin supervisión real.

Soluciones propuestas desde la academia y la sociedad civil

Para romper este ciclo, expertos locales y organizaciones comunitarias proponen:

• Implementar mesas de seguridad y convivencia ciudadana con participación real de líderes locales para diseñar estrategias adaptadas al territorio.
• Fortalecer la presencia policial con patrullajes constantes, equipamiento tecnológico efectivo y unidades de inteligencia especializadas en zonas de alta vulnerabilidad.
• Diseñar programas de inclusión social y prevención del reclutamiento forzado que involucren a jóvenes y comunidades vulnerables del área metropolitana.

Estas propuestas han mostrado eficacia en zonas fronterizas con problemas similares en países como Colombia y Ecuador, donde la coordinación interinstitucional y el trabajo conjunto con la comunidad han reducido significativamente los índices de violencia.

La ciudadanía del área metropolitana exige que las autoridades cumplan con una rendición de cuentas clara, establezcan cronogramas de acción con seguimiento público y permitan veedurías ciudadanas que supervisen el despliegue efectivo de las medidas.

Contexto adicional: Desde 2022 el ELN ha incrementado sus acciones violentas en Norte de Santander, con impacto creciente en municipios metropolitanos. Los diálogos de paz están suspendidos desde 2024, mientras la población civil sigue atrapada en el fuego cruzado.

Fuentes consultadas: Ciudadanos afectados en Cúcuta y Villa del Rosario, expertos académicos en seguridad de la Universidad de Santander, veedurías locales, Policía Metropolitana y declaraciones presidenciales para contraste.