Atentados en Cúcuta evidencian fracaso de seguridad en Norte de Santander y aumentan temor en área metropolitana
Violencia del ELN golpea a Cúcuta y genera preocupación ciudadana en la región metropolitana
CÚCUTA — Luz Marina Gómez, residente de Villa del Rosario, narró cómo el doble atentado con explosivos que dejó dos policías muertos y dos heridos mantiene en zozobra a miles de familias. "La explosión sacudió nuestro barrio, y el miedo se siente en cada esquina. ¿Hasta cuándo seguiremos pagando los ciudadanos por la falta de control?", cuestiona esta madre de familia afectada directamente por la suspensión del servicio eléctrico y el caos vial generado.
El doble atentado ocurrido en Cúcuta revela la profunda crisis de seguridad que sufre Norte de Santander, poniendo en riesgo no solo a los uniformados sino también a la población civil que transita por zonas estratégicas como el Anillo Vial Oriental y el área metropolitana. Este hecho, atribuido a la guerrilla del ELN por las autoridades, ocurre en medio de un contexto de creciente violencia y es la punta del iceberg de un problema mucho mayor que afecta la región y, por extensión, genera preocupación en Bucaramanga y municipios vecinos como Floridablanca y Girón.
La Policía Metropolitana de Cúcuta anunció que estas acciones fueron una retaliación directa del ELN ante operaciones del Estado, pero no explicó qué fallas en la seguridad permitieron el ataque ni cómo se protegerá a la ciudadanía tras estos hechos.
Vecinos y comerciantes afectados cuestionan la respuesta estatal. "Las autoridades solo llegan a tomar fotos y esperar que algo más pase. Aquí el miedo crece y los robos, extorsiones y atentados parecen aumentar sin control", sostiene José Cáceres, propietario de un comercio en Villa del Rosario.
"Vivimos con miedo constante. Las explosiones no solo matan policías, matan la tranquilidad y la esperanza de que la violencia pueda terminar"
— Ana María Rojas, habitante de Cúcuta y líder comunitaria
Organizaciones locales y expertos en seguridad coinciden en que no basta con responsabilizar al ELN sin revisar las fallas estructurales en la gestión de seguridad de la región. La persistente ineficacia en la prevención y control ha generado un ambiente propicio para que grupos armados ilegales incrementen su accionar violento.
Datos de veedurías ciudadanas indican que el presupuesto para seguridad en Norte de Santander ha sido insuficiente y mal ejecutado, con un seguimiento casi inexistente por parte de los organismos de control. Entre 2023 y la primera mitad de 2025, al menos el 40% de los recursos asignados quedaron sin utilizar, según reportes de la Contraloría Departamental.
Propuestas desde la sociedad civil y expertos para revertir la crisis
Académicos de la Universidad Industrial de Santander y ONGs de derechos humanos sugieren un plan integrado que:
- Fortalezca la inteligencia territorial con tecnologías de monitoreo y la participación directa de las comunidades
- Implemente programas de prevención basados en la inclusión social y apoyo a jóvenes en riesgo
- Instale y garantice el funcionamiento real de cámaras y alarmas en zonas críticas de Cúcuta, Villa del Rosario e incluso municipios vecinos como Piedecuesta
Estos planes ya han mostrado resultados positivos en ciudades como Medellín, donde la vinculación comunitaria y la tecnología redujeron ataques en un 30% en dos años.
La comunidad metropolitana demanda al gobierno departamental y nacional una rendición de cuentas clara y un compromiso real para detener la escalada de violencia, con cronogramas públicos y mecanismos de control ciudadano efectivos que permitan a los habitantes dejar de vivir bajo la amenaza constante.
Contexto adicional: El ELN mantiene presencia creciente en al menos 231 municipios del país y en Norte de Santander ha aumentado la violencia desde la paralización de diálogos de paz en 2025, dejando un saldo de policías asesinados y comunidades aterrorizadas.
Fuentes consultadas: Habitantes de Cúcuta y Villa del Rosario, organizaciones de veeduría ciudadana, expertos independientes en seguridad, Contraloría Departamental, autoridades oficiales con escepticismo editorial.
