Atentados del ELN en Norte de Santander evidencian inseguridad que también afecta al área metropolitana de Bucaramanga

Dos policías muertos y dos heridos en Cúcuta dejan creciente inseguridad y desconfianza en estrategias de seguridad

CÚCUTA/NORTE DE SANTANDER — Familiares y vecinos de los uniformados asesinados con explosivos en la vía Anillo Vial Oriental viven entre la tristeza y el temor. "Mi hermano fue un héroe, pero sentimos que las autoridades no hacen lo necesario para protegernos", afirma con voz entrecortada una familiar del intendente Franklin Guerrero. Este doble atentado ocurrido el pasado fin de semana dejó dos policías muertos y dos más heridos, impactando no solo a Cúcuta, sino también reflejando la vulnerabilidad de seguridad que genera preocupación en la región metropolitana de Bucaramanga y sus municipios cercanos.

En la madrugada del domingo, en la vía que conecta Cúcuta con El Zulia, una explosión dejó sin vida al intendente Franklin Guerrero y al subteniente Jairo Holguín, ambos en servicio. Casi al mismo tiempo, un ataque armado con fusiles golpeó el Comando de Acción Inmediata (CAI) en Villa del Rosario, dejando dos policías heridos. Estos hechos atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ha incrementado su accionar violento en el departamento, evidencian las falencias en la protección a la población y fuerzas del orden.

A pesar de que la Policía Metropolitana de Cúcuta afirma que estos ataques son retaliaciones contra acciones ofensivas contra el ELN, no hay claridad ni resultados visibles que garanticen seguridad a los ciudadanos comunes, quienes ya sienten el peso del conflicto cercano a comunidades del área metropolitana de Bucaramanga como Piedecuesta.

"Nos sentimos desprotegidos. Estos ataques demuestran que las estrategias de seguridad no están funcionando. Exigimos presencia real y efectividad de las autoridades"

— José Martínez, comerciante de Villa del Rosario

Expertos independientemente consultados advierten que la militarización y las respuestas violentas solo profundizan el conflicto, mientras que la comunidad y líderes sociales demandan acciones integrales que incluyan prevención social y opciones de diálogo verificado, no sólo un incremento en represalias militares. En Bucaramanga y municipios aledaños, la inseguridad generada por la inestabilidad en Norte de Santander afecta la percepción ciudadana y la calidad de vida.

Datos no oficiales muestran que las acciones del ELN han aumentado en un 35% en los últimos dos años en el departamento, sin que las estrategias oficiales den cuenta de reducción en violencia ni protección efectiva.

Propuestas desde la academia y la sociedad civil

La Universidad Industrial de Santander (UIS) y organizaciones sociales han planteado estrategias con enfoque territorial y participación comunitaria para combatir la violencia de raíz, combinando:

• Programas de intervención social en zonas vulnerables alrededor de Cúcuta y municipios metropolitanos
• Fortalecimiento de veedurías ciudadanas para el control y acompañamiento a la gestión en seguridad
• Impulso a diálogos locales con participación de la comunidad y expertos independientes, buscando espacios de confianza que no dependan exclusivamente de instancias estatales

Estas propuestas buscan romper con el ciclo de violencia y represalias que sólo afectan a la población civil y a las fuerzas de seguridad, como ocurrió en Cúcuta. Mientras tanto, vecinos y comerciantes del área metropolitana cuestionan la falta de resultados tangibles y la ausencia de un plan coordinado que proteja la región.

¿Cuándo dejará de ser Norte de Santander la extensión de un conflicto que amenaza la tranquilidad y seguridad de toda la región, incluida Bucaramanga y sus municipios? La ciudadanía exige acciones claras, efectivas y con rendición de cuentas.

Contexto adicional: El ELN mantiene presencia creciente en Norte de Santander con influencia en 231 municipios en Colombia, mientras los diálogos de paz siguen estancados desde 2024. Las autoridades no han logrado reducir de manera significativa los ataques, lo que afecta la seguridad regional.

Fuentes consultadas: Familiares de policías, comerciantes de Villa del Rosario, expertos de la UIS, veedurías ciudadanas, comunidad afectada, Policía Metropolitana (versión oficial con escepticismo).