Atentado en Cúcuta evidencia abandono de la seguridad en el área metropolitana de Norte de Santander
La violencia del ELN en Cúcuta revela la falta de estrategias claras y protección efectiva para la policía y la comunidad
CÚCUTA — María López, residente del corregimiento La Parada, relata con miedo y frustración cómo la explosión en la vía Anillo Vial Oriental dejó el barrio conmocionado y sin suministro eléctrico por horas. "No somos solo números, son vidas humanas arriesgadas cada día y no vemos acciones concretas para garantizar nuestra seguridad", denuncia.
En la madrugada del domingo, dos policías fueron asesinados y dos más lesionados en dos ataques casi simultáneos en el área metropolitana de Cúcuta, atribuidos por la Policía a la guerrilla del ELN, que ha aumentado su accionar violento en la región sin que las autoridades locales y nacionales logren contenerlo.
Los uniformados Franklin Guerrero y Jairo Holguín murieron tras pisar cargas explosivas mientras patrullaban en motocicletas en la vía que conecta Cúcuta con El Zulia. Minutos después, una instalación policial en Villa del Rosario fue atacada a tiros, dejando dos policías heridos. La reacción ante estos hechos ha sido hasta ahora escasa frente al incremento alarmante de violencia que afecta no solo a policías sino a civiles y al comercio local.
"Exigimos planes de seguridad efectivos y un acompañamiento real a las comunidades que ven en peligro su vida diaria. No es suficiente el discurso político de diálogo mientras seguimos siendo víctimas de este conflicto"
— José Martínez, líder comunitario de Villa del Rosario
La Policía Metropolitana de Cúcuta asegura que los ataques son retaliaciones del ELN por operaciones ofensivas recientes, pero no explica por qué dichos operativos no lograron disminuir la violencia ni proteger a las comunidades. El gobierno nacional, con el presidente Gustavo Petro, insiste en retomar diálogos de paz con esta guerrilla, sin que se observen resultados palpables en terreno.
Expertos en seguridad consultados por Voz Oriente advierten que la estrategia basada en diálogos interrumpidos y operativos aislados ha sido insuficiente para desmantelar estructuras criminales que operan en el territorio desde hace años, generando un clima de inseguridad persistente en la zona metropolitana de Cúcuta y amenazando la tranquilidad de municipios vecinos como El Zulia y Villa del Rosario.
Fiscalización de datos revela falta de inversión efectiva en seguridad
Según información de veedurías ciudadanas y reportes de la Defensoría del Pueblo, la inversión en seguridad para el área metropolitana no ha superado el 60% de lo presupuestado en los últimos tres años, y persisten fallas en logística, equipamiento y despliegue policial. La ausencia de programas de prevención comunitaria agrava la situación.
Propuestas desde expertos y comunidad
Especialistas en seguridad pública de la Universidad Industrial de Santander (UIS) recomiendan:
- Implementar un modelo integral de seguridad comunitaria con participación activa de juntas de acción comunal que fortalezca la confianza entre ciudadanos y policía.
- Desplegar centros de monitoreo con tecnología de punta y respuesta inmediata en las zonas críticas del área metropolitana.
- Establecer mesas de diálogo permanentes con sectores sociales y autoridades locales para diseñar estrategias adaptadas a las realidades de cada municipio.
La comunidad de Cúcuta y municipios aledaños exige a las autoridades claridad en los planes de seguridad, cronogramas visibles y rendición de cuentas que no se queden en discursos vacíos.
¿Cuándo se terminarán los anuncios sin resultados? La persistente violencia en el área metropolitana de Cúcuta alerta que sin una política pública clara y presupuesto aterrizado, la paz será nuevamente un sueño lejano.
Contexto adicional: El ELN mantiene operaciones activas en al menos 231 municipios según Insight Crime, con fuerte presencia en Norte de Santander. Los diálogos de paz con el gobierno nacional han sido intermitentes y no logran frenar la violencia en la frontera.
Fuentes consultadas: Líderes comunitarios, veedurías ciudadanas, expertos en seguridad UIS, Policía Metropolitana (en último lugar), gobierno nacional.
