Amenazas violentas a educadores tras caso Valeria: colegios de Bucaramanga exigen protección real
Preocupación y miedo en colegios del área metropolitana tras amenazas violentas similares a las de Cajicá
BUCARAMANGA — "Nos sentimos desprotegidos y con miedo constante. No podemos trabajar tranquilos mientras reciben amenazas violentas por hechos ajenos a nosotros". Así lo expresa una profesora del barrio Cabecera del Llano, quien prefiere mantenerse en el anonimato por seguridad, tras conocer amenazas similares a las ocurridas en el Gimnasio Campestre Los Laureles en Cajicá, donde el personal docente recibió mensajes agresivos responsabilizándolos por la muerte de una menor.
El caso de Valeria Afanador, niña con síndrome de Down encontrada sin vida tras 17 días desaparecida en un colegio, ha desatado no solo indignación nacional sino también pánico entre docentes y administrativos, quienes denuncian que las amenazas recibidas por canales internos de colegios como el Gimnasio Campestre Los Laureles en Cajicá Gén formidable fallo en la protección y protocolos de atención en estos espacios.
La administración de ese establecimiento asegura que el abogado del colegio afirma que las amenazas responsabilizan directamente a profesores y directivos por la trágica muerte, con mensajes como "los voy a quemar vivos" y advertencias contra las familias, una situación que desnuda una vulnerabilidad inédita para quienes trabajan en educación.
En Bucaramanga y su área metropolitana, docentes y directivos expresan temores similares. "Aquí en Floridablanca muchos profesores nos han contado que también reciben amenazas anónimas y no hay seguimiento claro de las autoridades", asegura Luz Marina Gómez, líder sindical de educación en el área metropolitana.
"Hasta ahora las autoridades educativas y policiales no han implementado un protocolo claro para protegernos ni para acompañar a las familias afectadas. Esto afecta la calidad educativa y la estabilidad emocional de toda la comunidad educativa"
— Luz Marina Gómez, líder sindical en educación, área metropolitana de Bucaramanga
El Secretario de Educación de Bucaramanga asegura que se están fortaleciendo las estrategias de seguridad en colegios, pero no ha presentado datos concretos ni evidencia de protocolos implementados tras denuncias de amenazas en el territorio.
Organizaciones de la sociedad civil y expertos independientes en violencia escolar resaltan que en Colombia no existe una norma que obligue a implementar planes integrales para prevención de violencia y apoyo a las víctimas en las escuelas. El Instituto de Estudios sobre Seguridad Escolar en Colombia (IESEC) recomienda:
- Implementación de rutas claras de acompañamiento psicológico para docentes y estudiantes.
- Protocolos de seguridad con participación activa de la comunidad educativa y autoridades locales.
- Capacitación a docentes para manejo de crisis y respuesta ante amenazas.
En otras ciudades como Medellín, se han diseñado programas de protección escolar que involucran a la policía comunitaria con línea directa, fortalecen la participación de las juntas de acción comunal y mejoran el acceso a atención integral para docentes y afectados.
Las juntas de acción comunal de barrios en Bucaramanga y Floridablanca exigen a las autoridades locales y la Secretaría de Educación que se implementen mecanismos transparentes de protección y seguimiento efectivo de amenazas o actos de violencia contra el personal docente y administrativo.
¿Cuándo garantizarán las autoridades una educación segura sin miedo para docentes y estudiantes? La comunidad educativa reclama acciones urgentes con cronogramas públicos y mecanismos de control participativo para que no se repitan tragedias y agresiones como las presentadas en Cajicá y otras ciudades.
Contexto adicional: La falta de protocolos claros para prevención y respuesta en colegios de Bucaramanga y municipios vecinos ha generado desprotección de docentes y familias en episodios recientes de amenazas anónimas y agresiones verbales que, sin atención inmediata, pueden escalar a violencia física.
Fuentes consultadas: Docentes del área metropolitana, líderes sindicales de educación, expertos del Instituto de Estudios sobre Seguridad Escolar en Colombia, juntas de acción comunal locales, versiones oficiales con escepticismo editorial.
