Amenazas, contradicciones y un gobierno que no protege: el caso Camilo Torres y líderes de Barrancabermeja
El caso de Camilo Torres y los líderes de Barrancabermeja deja en claro que el discurso de paz del gobierno de Petro no alcanza para cubrir la realidad: un país donde las amenazas siguen vivas, el control territorial se diluye y la seguridad de la gente sigue siendo una deuda pendiente.
Mientras el país escucha promesas de paz desde la Casa de Nariño, en el Magdalena Medio los mismos defensores del gobierno de Gustavo Petro aseguran estar bajo amenaza. Una paradoja que deja en evidencia la falta de control del territorio y el fracaso en garantizar la seguridad que tanto se proclamó en campaña.
En Barrancabermeja, un comunicado firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia señala como “objetivo militar” al diputado santandereano Camilo Alfonso Torres Prada y a cinco líderes sociales: David Ravelo, Juan Carlos Quiroga, Fernando Pacheco, Andrés Ortiz y Jairo Cala. El panfleto los acusa de ser “guerrilleros” y de actuar como facilitadores de la delincuencia.
Pero en medio de la gravedad de estas denuncias, surge una pregunta incómoda: ¿estamos ante una amenaza real o frente a un libreto repetido que sirve para reforzar narrativas políticas y victimizar a figuras afines al gobierno? El hecho de que varios de los mencionados sean cercanos al proyecto político de Petro, y que este mismo gobierno haya sido incapaz de controlar las estructuras armadas, alimenta la sospecha de que la paz prometida no solo no llegó, sino que ahora convive con un clima de intimidación difusa.
Camilo Torres, que en entrevistas ha defendido la política de “diálogo” del presidente, reconoce que “sabíamos que se iban a presentar estas situaciones”. Sin embargo, las palabras contrastan con una realidad en la que el Estado no ejerce soberanía plena sobre zonas críticas como el Magdalena Medio. Que un diputado de Santander, aliado del petrismo, se declare amenazado por grupos armados es el reflejo más crudo de que la “paz total” se ha quedado en el papel.
El gobierno departamental hizo un llamado de auxilio al Gobierno Nacional para que intervenga, proteja a los señalados y garantice la seguridad en Barrancabermeja. Sin embargo, la contradicción es evidente: quienes han respaldado el discurso oficial hoy se declaran desprotegidos por el mismo Estado al que defienden.
En un territorio históricamente marcado por la violencia, el mensaje que reciben los ciudadanos es devastador: si el gobierno no puede proteger ni a sus propios defensores visibles, ¿qué queda para el resto de la población que no tiene micrófonos ni curules.
