Alfonso Eljach y Gustavo Moreno se apoderan de la Unidad de Víctimas en Colombia.
La Unidad de Víctimas de Colombia está bajo fuertes cuestionamientos por nombramientos políticos de personas sin experiencia humanitaria. Varios altos cargos fueron entregados a perfiles vinculados a Santander con investigaciones pendientes, lo que pone en riesgo la misión de reparación estatal.
Mientras el país enfrenta urgencias de memoria histórica y reparación para millones de víctimas del conflicto armado, los últimas decisiones en la Unidad para las Víctimas evidencian un manejo político cuestionable sobre una agencia clave del Estado. En Santander, las acusaciones hacia nombramientos por cuotas políticas se multiplican.
La reciente designación de Adith Rafael Romero como director de la Unidad para las Víctimas ha sido motivo de críticas en todo el país. Romero, un exescolta sin experiencia en atención a víctimas, fue nombrado en junio bajo fuertes presiones políticas que muchos atribuyen a la influencia del exalcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach.
Este nombramiento forma parte de una renovación general de cargos donde, según reportes, las vacantes fueron asignadas a personas sin trayectoria en el tema humanitario y, en algunos casos, vinculadas a redes políticas cuestionadas. Al menos la mitad de las veinte direcciones territoriales, y varios frentes técnicos clave, han sido entregadas a funcionarios con experiencia limitada o cercanía política al senador Gustavo Moreno y al propio Eljach .
Entre los casos más alarmantes están los de Freddy Quintero, investigado por supuestos vínculos con el ELN, y Sergio Agón Martínez, vinculado al clan Aguilar, quienes asumieron puestos estratégicos de manejo administrativo y de reparación. Personas con antecedentes judiciales o investigaciones abiertas hoy administran recursos esenciales para la atención de víctimas .
Las denuncias señalan también que desde el despacho oficial, Romero ha usado instalaciones institucionales para promocionar productos de Omnilife, en lo que se ha interpretado como mezclar lo público con intereses comerciales personales .
Este viraje preocupa especialmente en Santander, dado que la población más vulnerable históricamente depende de esta entidad. Voces ciudadanas y sectores de la sociedad civil advierten que estas decisiones podrían debilitar aún más la confianza en las instituciones encargadas de la reparación y transformar un proceso sensible en un mecanismo de poder político.
