Ahora sí nos jodimos: $600 000 millones para la PTAR de Río de Oro… y los mismos perdidos de siempre aplaudiendo el robo

El municipio de Bucaramanga y sus alrededores podrían estar frente al mayor asalto a los recursos públicos en su historia reciente. Porque lo que se presenta como una obra de saneamiento ambiental de gran envergadura, la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del Río de Oro, se perfila más bien como un gigantesco contrato listo para la cartelización, mientras los órganos supuestamente encargados de supervisar solo aplauden.

El anuncio es contundente: la empresa pública de alcantarillado de Santander, EMPAS, informó que en aproximadamente 15 a 20 días el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Sostenible aprobará el concepto técnico que daría vía libre para buscar los $600 000 millones de la primera fase del proyecto, que en total costará unos $1,3 billones. Sí, leyeron bien: un proyecto que cuesta entre tres y cuatro veces lo que vale el Anillo Vial Externo Metropolitano o los 38 kilómetros de carriles entre Bucaramanga y Bogotá.

Pero el detalle más alarmante no es el monto: es que la entidad que tiene que velar por la transparencia, Prosantander, está totalmente dormida. Su director, Juan Pablo Remolina, parece tener más entusiasmo por posar en podcast que por vigilar que este dinero no se convierta en un botín político. Mientras tanto, el proceso avanza de prisa y sin garantías visibles para la ciudadanía que debería exigir control y cumplimiento.

En la entrevista realizada al gerente de EMPAS, César Camilo Hernández, dijo que ya se tienen todos los permisos —licencia ambiental incluida— y que lo que falta es la financiación. Dijo que el Gobierno Nacional se ve como la fuente principal, y que se está gestionando un Conpes con vigencias futuras para asignar los recursos en 5 o 6 años. Pero lo que preocupa es: ¿quién audita, quién controla, quién garantiza que esos montos no se desvíen antes de que empiece la construcción?

Porque si hay algo que los santandereanos ya saben es esto: cuando la maquinaria política local se activa, los contratos inflan valores, los estudios se repiten, los diseños cambian, y al final la obra jamás se entrega, pero el dinero sí se esfuma. Con $600 000 millones de por medio y un órgano regulador pasivo, estamos cultivando el mejor caldo de cultivo para el robo institucionalizado.

La PTAR de Río de Oro, que pretende tratar el 99 % de las aguas residuales de Bucaramanga, Girón y Floridablanca, y recolectar aguas a través de 17 colectores en 27 km, suena bonito. Muy bonito. Pero cuando los primeros pesos sean girados, los curiosos de siempre estarán mirando. Porque los mismos que hoy celebran, mañana serán los primeros en defender contratos sospechosos.

Los gremios, los sindicatos y los ciudadanos deben tener claro que sin un órgano de supervisión independiente activo hoy, este anuncio no es más que un cheque en blanco firmado por la comunidad. Con Prosantander mirando, EMPAS contratando a la velocidad de la luz y el Gobierno Nacional listo para girar, la pregunta es: ¿quién detiene el robo?