Aeropuerto Los Pozos: licitación sin competencia, dudas de experiencia y riesgo de favorecimientos en San Gil

La Alcaldía de San Gil insiste en que no hay irregularidades en la licitación para concesionar por 20 años el aeropuerto Los Pozos. Sin embargo, la ausencia de pluralidad de oferentes, la inclusión tardía de requisitos de experiencia y el perfil de las empresas que integrarían la Unión Temporal adjudicataria, abren interrogantes sobre la transparencia y el verdadero alcance del proceso.

La audiencia pública para adjudicar la licitación del aeropuerto Los Pozos, que debía realizarse el 13 de agosto, fue reprogramada para este viernes 15. La concesión contempla una inversión de $4.350 millones y la entrega de la operación a un privado por dos décadas. Pese a que el Estado ya invirtió más de $24.300 millones en la pista y la terminal de pasajeros, la infraestructura se entregaría a la Unión Temporal Aeropuerto Los Pozos, único oferente en la convocatoria.

Desde la administración municipal, los secretarios de Infraestructura, Jurídica y Hacienda defienden la legalidad del proceso. La secretaria Jurídica, Diana Patricia Rojas, minimizó la ausencia de pluralidad de oferentes, alegando que se trató de una convocatoria abierta a nivel nacional, en la que “son los empresarios los que deciden si participan o no”.

Experiencia en entredicho
Las críticas se concentran en que la Unión Temporal está conformada por tres empresas —Aconingsa (63%), Interventoría y Construciviles (32%) e Integrated Engineering Services (5%)— y solo esta última tendría experiencia en temas aeronáuticos, derivada de un contrato con el Fondo Rotatorio de la Policía para mantenimiento de aeronaves.

En los estudios previos, la experiencia específica en operación aeroportuaria ni siquiera estaba contemplada; fue incluida hasta el 16 de julio, luego de observaciones de la ciudadana Nicolle Daniela Rueda. Esto significa que, durante buena parte del proceso, bastaba con acreditar experiencia general en contratos de concesión.

El secretario de Control Urbano e Infraestructura, Luis Carlos Buitrago, firmante del pliego, argumenta que la flexibilización buscaba no declarar desierta la licitación y permitir la participación de empresas pequeñas. Sin embargo, críticos advierten que esa flexibilidad pudo abrir la puerta a una adjudicación hecha a la medida de un único oferente.

Uso de recursos y prioridades
Del total de la inversión exigida, $3.800 millones se destinarían a la construcción de un hangar para explotación aeronáutica. El resto se repartiría entre arreglos locativos ($100 millones), equipos de detección de metales ($100 millones) y bandas de carga y descarga ($350 millones). La fuerte concentración del presupuesto en un único componente despierta sospechas sobre el aprovechamiento comercial que podría obtener el adjudicatario, muy por encima de la mejora real de la terminal.

Posible patrón de favorecimiento
El mayor accionista de la unión temporal, Aconingsa, no tiene trayectoria aeroportuaria, pero sí contratos previos con la administración de San Gil, como la instalación del alumbrado navideño de 2024, adjudicado por invitación directa a través de la empresa de servicios públicos Acuasan. Estos antecedentes alimentan la percepción ciudadana de que podría existir un patrón de contratación que favorece a un reducido grupo empresarial.

Mientras la Alcaldía insiste en la transparencia, la falta de competencia, la incorporación tardía de requisitos clave y la relación previa de las empresas con el municipio plantean la necesidad de un escrutinio más riguroso por parte de entes de control y veedurías ciudadanas.