A pagar más caro el pasaporte gracias al convenio del gobierno de Petro con Portugal
El costo final dependerá del cambio y el Estado asumirá sobrecostos. El país pagará por 1.5 millones de documentos, se emitan o no.
El nuevo convenio entre Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal plantea que, a partir de septiembre de 2025, los pasaportes colombianos serán cobrados en euros, lo que abre la puerta a variaciones constantes en su precio y una carga económica incierta para los ciudadanos.
Colombia está a punto de firmar un convenio interadministrativo que podría cambiar radicalmente el costo de expedir el pasaporte nacional. Según un borrador conocido por medios nacionales, el gobierno colombiano encargará la producción y personalización de pasaportes, etiquetas de visa y otros documentos de viaje a la Casa de la Moneda de Portugal (INCM), en un contrato que se extendería desde el 1º de septiembre de 2025 hasta julio de 2035.
La gran novedad –y preocupación– es que el precio del pasaporte dejaría de estar tasado en pesos colombianos y pasaría a fijarse en euros. El valor base del pasaporte con chip sería de 17 euros, lo que, con la tasa de cambio actual (4.744 pesos por euro), equivale a aproximadamente 79.900 pesos. A esa cifra habría que sumarle el impuesto de timbre y gastos logísticos que se estiman en 75.000 pesos más, elevando el costo total a cerca de 155.000 pesos, cifra que puede variar drásticamente según el comportamiento del euro.
En la actualidad, el pasaporte ordinario en Bogotá cuesta 186.000 pesos, mientras que el ejecutivo vale 319.000 pesos. Aunque a primera vista el nuevo valor parecería competitivo, la fluctuación del euro podría impactar al alza, y el gobierno colombiano ha indicado que asumirá el diferencial si el cambio aumenta, con el riesgo de que ese sobrecosto sea eventualmente trasladado a los usuarios.
Además, el borrador incluye una cláusula que obliga a Colombia a pagar por 1.500.000 pasaportes anuales, se usen o no, lo cual ha generado preocupación entre expertos en contratación pública y en derechos del consumidor. Se teme que este compromiso pueda convertirse en una fuente de pérdida de recursos públicos si la demanda real no corresponde a esa cifra.
Por ahora, ni la Cancillería ni la Imprenta Nacional han aclarado los detalles del acuerdo ni cómo se protegerá al ciudadano frente a estas posibles alzas.
